Publicado en EL CORREO. 9.07.2019
Hace ya unos años que se ha iniciado entre nosotros, en España, una “conversación pública” a propósito del federalismo, en la que participan ya muchos políticos de referencia. Esta conversación pública debe continuar, muchos la hemos emprendido de buena fe, como se emprenden las buenas conversaciones, asumiendo que seguramente no saldremos de ella con las mismas ideas con las que entramos, esta conversación necesita de más voces y de más partícipes para ir conformando un nuevo consenso lo más transversal posible que permita salvaguardar nuestra Constitución precisamente a través de su reforma; todos estamos llamados a conversar, con voluntad de entendimiento, tomando en serio las posiciones contradictorias y abiertos a ir modificando nuestros a prioris; por ello me permito traer a colación en este momento lo dicho por mi admirado Miguel Herrero de Miñón —uno de los padres de la Constitución— que compareció precisamente en el Congreso de los Diputados el 10 de enero de 2018 en la Comisión de evaluación y actualización del Estado autonómico, —donde la cuestión de la reforma federal se ha nombrado en varias ocasiones y donde han tomado la palabra otros relevantes constituyentes como Roca i Junyent y Pérez Lorca—; Herrero de Miñón mostró una firme oposición a cualquier reforma constitucional que pretenda una vía federal, o dicho más rotundamente advirtió que cualquier reforma de la Constitución que pretenda retocar nuestro sistema territorial ha de partir —para que pueda tener éxito— de la negación previa de la vía federal. Sin embargo Herrero de Miñón admitió — y eso es mucho— en la Comisión del Congreso que “la Constitución puede reformarse y debe ser reformada si es que tiene defectos”, y auguró el éxito de la reforma sólo “si la reforma es concreta, si se sabe qué hay que reformar”; pero nunca si se entra a reformar con una visión meramente abstracta sin tener claro lo que se quiere reformar, y por supuesto — como condición sine qua non— debe hacerse “desde el consenso”. “Consensuada como lo fue su creación”, lo que le “ha dado estabilidad, a diferencia de los que ha ocurrido en la historia constitucional española”.
Herrero señala riesgos que todos podemos ver y no seré yo el que menosprecie sus advertencias; pero pienso que coincidimos en lo esencial: tenemos que afrontar una reforma o novación constitucional que reforme algunas cuestiones importante y concretas, a saber: que dote al Senado de representatividad territorial, que clarifique el reparto competencial Estado-Comunidades Autónomas, que dote al Estado de mecanismos que no le excluyan de ningún rincón del territorio, que dote de significado político a las nacionalidades y regiones del artículo 2 de la Constitución, que evite que el artículo 150 de la Constitución se convierta en un expediente de vaciamiento de competencias del Estado, que resuelva la financiación de los territorios de manera equitativa… Aprendamos de las experiencias de éxito. Las instituciones forales del País Vasco y Navarra son como muy bien dice Herrero de Miñón “fragmentos de Estado”, formas de ensamblaje político entre los territorios vasco-navarros y España como Nación-Estado, acrisoladas por el tiempo y elevadas a rango constitucional por la Constitución de 1978. Se trata de una fórmula política de éxito, en la que —con todas las salvedades político-constitucionales que se quieran— late un entendimiento federalizante de España que nos da una pista de lo que somos.
No creo que el consenso federal sea una “solución” a la que podamos llegar de una manera meramente abstracta, sin emoción, como si los problemas políticos fueran cuestiones técnicas entiendo más bien el avance de la propuesta federal de la Constitución de 1978 como un apalabramiento colectivo que irá fraguándose entre emociones y posiciones contradictorias, como una resultante de las transacciones que unos y otros vayamos aceptando.
No es necesario —ni siquiera esperable— que los sectores más ideologizados y militantes de nuestro espectro político vayan a convencerse jamás de las bondades del federalismo, no debemos lanzar la propuesta pensando en ellos, pero sí debemos pensar en el Electorado — a fin de cuentas él es el soberano— , que en cada elección tiene la libertad de cambiar, porque estoy seguro de que una amplísima mayoría de la ciudadanía española cualquiera que haya sido su voto en el pasado terminará apoyando una propuesta de reforma federal siempre que no se presente como un ejercicio de aventurerismo político sino como una propuesta meditada y precisa, fruto de un amplio consenso y de la experiencia política de ese largo y fructífero período constitucional que inauguramos en 1978. n Javier Otaola. Escritor y Abogado. Miembro de número de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
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